Con tres años de retraso, pero ya está aquí. La nueva ley de crédito inmobiliario eleva la protección al cliente, pero impone una serie de costes y obligaciones a los bancos que amenazan con endurecer el acceso a préstamos para comprar vivienda a los hogares de menos ingresos.
Los desahucios, las cláusulas suelo, la indefinición sobre quién debe pagar los gastos hipotecarios y el caos jurídico en torno al impuesto de AJD son algunas de las cuestiones que han marcado la redacción de este polémico texto legal. Según los expertos, el objetivo principal de esta ley de crédito inmobiliario es elevar la protección del cliente.
Ahora las entidades y los notarios deberán ser más transparentes con el cliente al firmar su hipoteca, se libra al consumidor de pagar ciertos gastos, se reducen determinadas comisiones y se endurece el inicio de la ejecución hipotecaria. Todo eso se traducirá en nuevos costes para los bancos, a los que la norma exige además ser más rigurosos que en el pasado a la hora de dar hipotecas, lo que amenaza con encarecer y, sobre todo, endurecer las hipotecas para las familias más vulnerables, tal y como ha reconocido el propio Banco de España.
Algunos de los cambios más significativos son:
- Los bancos cargarán con todos los gastos hipotecarios salvo la tasación del inmueble, que la seguirá pagando el consumidor.
- La nueva ley hace más difícil la posibilidad de la ejecución en caso de impago por parte del cliente.
- Con la nueva ley se eliminan las cláusulas suelo, pero se aclara que el interés mínimo que cobrará el banco será del 0% y nunca negativo por mucho que caiga la tasa de referencia.
- El coste de amortizar anticipadamente el crédito hipotecario se reduce.
- La solvencia del cliente se someterá a examen.
- La norma otorga al notario la función de asesorar imparcialmente y gratis al consumidor, aclarándole todas las dudas.
- La ley solo se aplica a las nuevas hipoteca.
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