El impuesto a las grandes fortunas que afectará a toda Andalucía

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El Impuesto Temporalidad de Solidaridad a las Grandes Fortunas (ITSGF) aprobado por el Gobierno central para contrarrestar las bonificaciones fiscales aplicadas en Madrid, Andalucía y Galicia también afectará a otras cuatro comunidades autónomas, sumando un total de siete territorios afectados. Este gravamen irá destinada a los patrimonios de más de tres millones de euros, cuyo plazo de pago llega a partir del mes de julio. Se trata de Cataluña, Asturias, Cantabria y Murcia.

Al tratarse de un gravamen estatal, las comunidades han jugado sus cartas para que parte de ese dinero vaya a sus arcas. Por ejemplo en Cataluña el Govern ha creado un nuevo tramo a partir de 20 millones de euros al 3,48%. Así se ingresarán 12 millones de euros adicionales que, de otra manera irían a parar a las arcas del Estado al entrar en vigor el tributo temporal para patrimonios superiores a tres millones de euros.

Sin embargo, las autonomías no pueden cesar el impuesto, al aplicarse en todo el territorio nacional y sólo está sujeta a las coyunturas normativas de cada una, ya que justamente otro de los fines es armonizar la normativa autonómica.

También ocurren las diferencias cuantitativas habituales, donde en una se recauda menos que en otra por motivo de la bonificación del existente impuesto de patrimonio. Están en primer lugar Madrid y Andalucía (bonificado al 100%), siendo Galicia la que ocupa el último puesto (50% en 2023)

Desaparece el impuesto de patrimonio

Aunque pueda parecer un añadido a todos las tasas existentes para los grandes capitales, lo cierto que viene a ser un impuesto por así decirlo “sustitutivo”: podrán deducirse el importe pagado por el gravamen de patrimonio, que está cedido a las autonomías y que se presenta como el de la renta (IPF) entre el 11 de abril y el 30 de junio. Con esa medida se evita que la persona pague por dos y siendo técnicamente un concepto parecido.

¿Este impuesto viene a quedarse?

Es un impuesto que es, en principio, de carácter temporal. Estará vigente de 2023 a 2024, incluido en el paquete de medidas del Gobierno para paliar los efectos de la guerra en Ucrania. Puede ocurrir que, viendo su resultado y que los efectos sean positivos, la medida adquiera un carácter permanente.

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