Según el Decreto 28/2016, las viviendas con fines turísticos son aquellas ubicadas en suelo residencial, en las que se ofrece, a cambio de un precio, el servicio de alojamiento, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Son además alojamientos comercializados o promocionados en canales online de oferta turística y su periodo de alquiler es inferior a dos meses.
Un año más tarde de la entrada en vigor de este decreto, el número de propietarios que han presentado su declaración responsable y han realizado su inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía ha aumentado notablemente; alcanzando un total de 19.455 viviendas con fines turísticos registradas en la comunidad autónoma.
De las 79.501 plazas de alojamiento en la región, son 19.455 las viviendas que han presentado su solicitud de registro y 15.120 las que figuran hoy día en el Registro de Turismo.
Actualmente, Málaga es la provincia que lidera la inscripción de viviendas turísticas en el registro andaluz, con 9.032 unidades inscritas (de sus 47.580 plazas de alojamiento). Seguidamente, se encuentran Cádiz con 2.221 viviendas (de 12.116 plazas), Sevilla con 1.512 (de 7.184 plazas), Granada con 1.055 (de 5.757 plazas), Almería con 802 (de 4.071 plazas), Huelva con 301 (de 1.753 plazas), Córdoba con 176 (de 912 plazas) y Jaén con 21 (de 118 plazas).
Estos alojamientos se han incorporado al Plan de Inspección Programada de Turismo, llevado a cabo anualmente por la administración autonómica. Se han realizado 2.807 inspecciones en toda la comunidad andaluza, que han consistido en peticiones de documentación y visitas a las viviendas para la comprobación in situ del cumplimiento de los requisitos establecidos por el decreto. Únicamente 20 de estas viviendas con fines turísticos han derivado en la apertura de un procedimiento sancionador.
Respecto a las cifras de la labor inspectora, en Málaga se han realizado 1.405 inspecciones; en Sevilla, 651; en Granada, 324; en Almería, 139; en Córdoba, 137; en Huelva, 100; en Cádiz, 32; y en Jaén, 19.
La finalidad del decreto es asegurar los derechos de los usuarios y evitar situaciones de fraude, intrusismo, clandestinidad y competencia desleal. Para ello, establece las medidas para regular la actividad, controlar los estándares de calidad y registrar el uso que hacen los turistas de estos alojamientos privados.
