La Ley del Procedimiento Administrativo entró en vigor el 2 de octubre y pretende implantar una Administración totalmente electrónica para mejorar la agilidad de los procedimientos y reducir los tiempos de tramitación.
Se entiende por Derecho Administrativo el conjunto de normas que regulan las relaciones entre la Administración y los ciudadanos, entre otras. Este conjunto de reglas se articula bajo la denominada Ley del Procedimiento Administrativo Común. El pasado 2 de Octubre entraba en vigor un texto legal (Ley 39/2015, de 1 de Octubre) que introduce novedades importantes en las relaciones del ciudadano con las Administraciones Públicas.
La nueva Ley desarrolla principalmente dos aspectos: la administración electrónica y la simplificación en la realización de los trámites.
En cuanto al primero, destacar como principal novedad la obligación de que determinados colectivos y personas tramiten electrónicamente todo el procedimiento. A partir de ahora, empresas, profesionales colegiados y ciertas personas físicas con determinada capacidad económica o técnica deberán olvidar definitivamente el papel en las relaciones cotidianas con la Administración.
Aparece también el servicio 24×7 (veinticuatro horas, siete días a la semana) que se introduce al utilizar Internet, por lo que la nueva Ley se ha visto obligada a regular la presentación electrónica de documentos en días inhábiles, estableciendo cuales y en qué momento tendrán valor en el procedimiento.
En segundo lugar, tenemos la simplificación y sencillez del trámite. La novedad más importante es la declaración responsable. La nueva Ley apuesta por “confiar” en la empresa y el ciudadano en la presentación de documentación que tradicionalmente se adjunta a la solicitud. En este sentido, la ley regula el derecho de no presentar documentos originales así como el derecho del interesado a no presentar datos y documentos que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaboradas por éstas.
La nueva Ley entiende además que para la aplicación de todo este cambio normativo el ciudadano necesita el apoyo de profesionales que se encarguen de impulsar y avanzar en la implantación de la Ley. Para ello se elabora paralelamente una regulación exhaustiva del representante “digital”, aquel profesional que ayudará y tramitará electrónicamente en nombre del ciudadano.
El Colegio de Gestores Administrativos de Málaga confía en la nueva norma y ofrece su colaboración y ayuda a las Administraciones y ciudadanos en su puesta en marcha; por ello está trabajando activamente con las administraciones locales, autonómicas y estatales en la consecución de los objetivos planteados en este nuevo marco legislativo.
Descarga aquí la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
Si necesitas conocer más detalles sobre esta nueva Ley, o necesitas asesoramiento al respecto, no dudes en contactar con un Gestor Administrativo. Localiza aquí el más cercano a tu zona.
